La Oficina Técnica Penal (OTP), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el apoyo de INECIP y USAID/Paraguay, concluyó la propuesta de Acordada que busca contribuir a la celeridad de los procesos penales y evitar la impunidad, especialmente, en los casos de gran impacto social. En el proceso de elaboración de este instrumento participaron ministros y la ministra de la Corte Suprema de Justicia y fueron consultados jueces y juezas de todas las instancias.
El director del Programa de “Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado”, Prof. Dr. Roque Orrego, explicó que esta Acordada busca establecer criterios interpretativos para asegurar el cumplimiento del debido proceso y el acceso efectivo a la justicia en causas declaradas de gran impacto social y/o que involucran a personas expuestas políticamente. Además, busca la protección de la vigencia del principio de juez natural, impidiendo interpretaciones que provocan suspensiones de audiencias y que son utilizadas actualmente para frustración de los actos procesales y conseguir impunidad.
El martes 1 de agosto, la propuesta fue socializada y distribuida a jueces y juezas de la capital, tanto del fuero ordinario como de la jurisdicción especializada, quienes podrán aportar al texto. Ciertamente, tras la explicación del doctor Orrego, algunos magistrados manifestaron que las interpretaciones propuestas por el texto, ya vienen aplicando de manera a evitar chicanas y prescripción de las causas.
En la reunión de socialización participaron, además, la Prof. Dra. Carolina Llanes, ministra, presidenta de la Sala Penal, y responsable de la Oficina Técnica Penal, el Prof. Dr. Víctor Ríos y el Prof. Dr. Gustavo Santander, ambos ministros de la Sala Constitucional.
Por otra parte, celebraron la iniciativa de la OTP, ya que la Acordada viene a suplir una necesidad de un instrumento que clarificará interpretaciones que les permitirá contar con un marco conceptual delineado por la máxima instancia judicial. De este modo, se espera que este instrumento unifique criterios jurisprudenciales y coadyuve a superar la mora e impunidad.
La propuesta contiene criterios de interpretación normativa y modelos organizativos de trabajo innovadores y de gran relevancia, cuyo objetivo es garantizar la equidad y transparencia en la administración de justicia en casos de especial trascendencia social y política. Su implementación marcará un punto de inflexión en la búsqueda de una justicia confiable y efectiva para toda la población.
De ser aprobada la propuesta, la CSJ apuntalará un hito histórico en la lucha por una justicia transparente y equitativa en Paraguay. La implementación de medidas que garanticen el debido proceso en casos de alto impacto social y político demuestra el compromiso de las autoridades y profesionales del derecho en la búsqueda de un sistema judicial más justo y confiable para toda la ciudadanía. Se prevé que la implementación de la Acordada sea gradual.
