Publicaciones

Disciplinamiento social y protección del agronegocio

Captura de pantalla 2024 05 23 a la(s) 16.25.54


Este material examina cómo el Estado paraguayo ha criminalizado las protestas de las organizaciones campesinas, convirtiendo sus legítimos reclamos en delitos. A través del sistema penal, el Ministerio Público y el Poder Judicial procesan, detienen y condenan a los campesinos que exigen derechos fundamentales como salud, educación, ambiente saludable, reforma agraria integral y calidad de vida, reconocidos en la Constitución Nacional de 1992.

La investigación se centra en los procesos penales de 2014, donde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP-Paraguay) asesoró a miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC). Se analizan 15 causas afectando a 162 personas, revelando irregularidades y violaciones del debido proceso. El uso frecuente de la suspensión condicional del procedimiento y otras restricciones desalienta la participación ciudadana y debilita la militancia campesina.

Finalmente, el estudio observa un perfeccionamiento del aparato represivo estatal, con estrategias de procesamiento selectivo y variaciones en los tipos penales utilizados. Esta política de criminalización ha impuesto un cambio profundo en la vida de las comunidades campesinas, adaptándolas a una lógica de mercado ajena a sus costumbres tradicionales.