El lunes 18 de noviembre se realizó el primer encuentro de la mesa de coordinación interinstitucional entre la Oficina Técnica Penal (OTP) de la Corte Suprema de Justicia y la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público. La actividad, organizada en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Jurisdicción Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, fue implementada por la OTP junto con INECIP Py con el apoyo de USAID/Paraguay. La actividad fue coordinada en conjunto con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y tuvo por objetivo principal establecer criterios unificados para el manejo de pruebas digitales provenientes de sitios web estatales.
Estuvieron presentes en la actividad el Dr. Alfonso Velázquez, en representación de USAID. Por INECIP Py participaron el Dr. Roque Orrego, director del Programa; la MSc. Ximena López, asistente del Programa; y Analía Rojas, consultora. Por la Corte Suprema de Justicia asistieron la Dra. Silvana Luraghi, coordinadora de la OTP; el Dr. Rodrigo Estigarribia y el Dr. Matías Garcete, jueces penales. Representando al Ministerio Público estuvieron el Dr. Francisco Cabrera, agente fiscal de la UDEA; y la Dra. Romina Toro, directora de Política Criminal. Finalmente, por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) participaron María José Bazán y la Dra. María Victoria Rivas, directora ejecutiva.
El propósito central fue promover mayor eficacia y transparencia en la lucha contra la criminalidad económica y organizada. Con la participación de jueces y fiscales especializados, el encuentro abordó los desafíos en el tratamiento de pruebas digitales en procesos penales. La iniciativa marcó un paso significativo hacia la mejora de la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento del sistema de justicia mediante el uso eficiente de herramientas tecnológicas.
La intención de la mesa de trabajo es fortalecer las dinámicas de comunicación entre jueces y fiscales especializados, mediante el análisis de problemas comunes relacionados con la obtención, tratamiento e incorporación de pruebas digitales en el proceso penal. Las discusiones permitieron identificar soluciones prácticas para garantizar una persecución penal más efectiva, siempre enmarcada en el respeto a los principios constitucionales y legales.
Durante la jornada, los participantes presentaron propuestas destinadas a mejorar la coordinación interinstitucional, cuyos resultados serán elevados a las máximas autoridades de la OTP y la UDEA. Se planteó la importancia de socializar los criterios definidos, con el objetivo de optimizar los procedimientos judiciales y fomentar un sistema de justicia más transparente y eficiente.
El evento, realizado en la Sala de Conferencias del Palacio de Justicia, reunió a magistrados y agentes fiscales especializados. La actividad marcó un avance significativo hacia una justicia penal más moderna, adecuada a las exigencias actuales de la lucha contra la corrupción y los delitos económicos.
