Políticas de Mano Dura e inseguridad fue debatido durante Congreso Social

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Asunción, 11 de julio de 2017 (Inecip-Paraguay). Mesa de investigación del área temática sobre Proceso de Democratización, sistema político y comunicación.  El director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Juan Martens, disertó sobre Políticas de Mano Dura e inseguridad en tres regiones de Paraguay. Análisis a partir de datos objetivos de criminalidad 2010-2016.

La presentación que se realizó en el área del panel 4 tuvo como moderadora a la Dra. Mabel Villalba. Fue en  el auditorio principal del Centro Cultural el Cabildo dentro del marco del I Congreso de Ciencias Sociales que organiza el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales  (Clacso).

Durante su exposición, Martens señaló que la política de mano dura viene implementando Paraguay desde 1998 y con la puesta en vigencia del Código Procesal Penal (2000), empezó un periodo de contrarreforma que con el discurso de la inseguridad fue restando derechos y garantías que se traducen en la facilitad de ingreso a prisión y la dificultad para salir de la misma. En este escenario, hay que considerar la aparición de un grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que sirve de base para entender toda la reforma normativa que se vino realizando en el país.

“En este contexto se fueron modificando una serie de leyes y sistemas normativos siempre bajo el discurso de una creciente inseguridad, a tal punto que Latinobarómetro en el 2015 decía que el 56 por ciento de la población paraguaya sentía miedo o pensaba todos los días en eso. Esto saltó al 96 por ciento de la población paraguaya en la medición que hizo Latinobarómetro en el 2016”, enfatizó Martens.

En contrapartida, el investigador del Inecip remarcó que cuando se observan los datos objetivos desde el 2010 hasta el 2014 hubo una disminución de las tasas de homicidio que permiten comparar año tras año. Sin embargo, el Inecip destacó en su trabajo que se fue dando un aumento del fenómeno de la tasa de homicidio en determinadas regiones. “La inseguridad no es democrática y no se distribuye por igual sino  que hay regiones y departamentos más afectados por determinados factores”, sostuvo.

Mencionó que los departamentos fronterizos con el Brasil representan a aquellos con tasas de homicidios más altos del país. “Vivir cerca de Brasil es criminógeno o facilita la comisión de hechos punibles”, significó. Una conclusión del trabajo de investigación, señala que Amambay tiene una tasa promedio de 73 muertos por cien mil habitantes que lo ubica entre las zonas más inseguras del Continente.

“Si hacemos esta comparación con países de la región, Amambay se queda en el nivel numero 1 porque México, ni Venezuela o países de Centroamérica tienen estas tasas de homicidio. Canindeyú, Amambay, Alto Paraná concentran la mayor cantidad de homicidios”, indicó. La investigación plantea interrogantes sobre el impacto que tuvo estas modificaciones normativas de endurecimiento de mayor ingreso de la población a los centros penitenciarios.

Además de Martens,  se presentó el tema la Corte suprema de Justicia de Colombia: la inoperancia de la Justicia como perpetrador de la inequidad y la crisis institucional a cargo de José Fernando Valencia Grajales (Universidad Autónoma Latinoamericana); mientras que Clyde Soto y Rocco Carbone (Centro de Documentación y Estudios – Universidad General Sarmiento) desarrollaron sobre Curuguaty: hipótesis y discusiones. Y finalmente Tatiani Azevedo Lobo (Universidad de Santa Cruz do Sul) hablo de Democracia e controle social: una revisao  dos espaços de discussao pública.

La presentación se realiza en el marco del I Congreso de Ciencias Sociales que organiza el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales  (Clacso). Arranco este martes y se extiende hasta el próximo jueves 13 de julio en Asunción. Hay  12 áreas temáticas que serán abordadas durante el Congreso que busca poner en la escena pública la problemática social.

Inecip es miembro pleno de la Red Clacso que apunta a promover la investigación social para el combate a la pobreza y la desigualdad, el fortalecimiento de los derechos humanos y la participación democrática.

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