Jahesa’yjo ha ñamombarete justicia rembiapó

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Título del proyecto: Jahesa’yjo ha ñamombarete justicia rembiapó

Institución financiadora: Diakonia

Descripción: De manera creciente se viene desarticulando por dos vías el sistema de garantías en Paraguay: legislativa y jurisdiccional. En los últimos años se aprobaron leyes que restringen o suprimen garantías y los operadores de justicia, por temor o desconocimiento aplican un derecho penal más duro, más allá de las exigencias legales o sin fundamentos restringen libertades en casos innecesarios. Igualmente se mantiene la utilización del sistema penal como mecanismo de desarticulación/desmovilización de las organizaciones sociales.

Objetivo General: Fortalecimiento de las capacidades de los y las operadores de justicia y de defensores y defensoras de derechos humanos para la aplicación de la exigibilidad de las garantías penales y procesales. Busca analizar y difundir los patrones de funcionamiento del sistema penal y de las políticas de seguridad y judicializar casos de violaciones emblemáticas de derechos humanos.

Objetivos Específicos: Tres áreas de transversalización: La perspectiva de género se tiene que integrar en toda planificación y aplicación. Sensibilidad al conflicto de acuerdo al área. Impactos del proyecto sobre el medio ambiente y/o el impacto del medio ambiente en el proyecto.

Resultados previstos: Desde el respeto a los DDHH y perspectiva de género, fortalecidas el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública en sus capacidades de respeto y aplicación de las garantías penales y procesales; tres organizaciones de DDHH, una de ellas ubicada en los departamentos militarizados, en sus capacidades de exigibilidad de políticas públicas sobre seguridad y cumplimiento del debido proceso; asociaciones profesionales de ámbito jurídico (gremios de abogados/as, defensores/as, jueces/as) identifican y promueven la necesidad de cumplimiento de las reglas del debido proceso; sistematizadas las violaciones de DDHH en el contexto de la militarización; 400 mil personas de Concepción, San Pedro y Amambay reciben información sobre estos abusos.

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