Investigación revela aumento de la delincuencia en algunas zonas del país

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Asunción, 29 de diciembre de 2016. INECIP-Paraguay y la FCTA de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) dieron a conocer esta mañana los resultados preliminares de dos proyectos de investigación financiados por el CONACYT, en el marco del programa PROCIENCIA. En uno de ellos participa el MNP. El documento de trabajo presentado bajo el título de Crimen, prisión e Inseguridad. Elementos para abordar la crisis, revela el aumento sostenido de la criminalidad en determinadas zonas del país, a pesar de las políticas de mano dura implementadas y del aumento de la población penitenciaria.
A nivel nacional existe un descenso de la criminalidad, pero existen regiones en donde aumentaron los hechos delictivos, principalmente, en las zonas de mayor densidad poblacional (Asunción y Central) y en algunos departamentos con presencia de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), como San Pedro y Amambay. En Asunción, entre 2014 y 2015, la tasa de homicidios aumentó 13,4 por ciento y en Central, entre 2012 y 2015, creció 11 por ciento.
Otro fenómeno llamativo reflejado por la investigación es que la sensación de temor ante la inseguridad sigue afectando fuertemente a la población de Paraguay, ubicándose entre una de las más temerosas de la región, con un 65 por ciento creyendo que vive en un país cada vez más inseguro. Algunas de las explicaciones a esta situación de temor de la población serían: la inexistencia de políticas de seguridad enfocadas a la inseguridad subjetiva; la precariedad en la que se desenvuelven las fuerzas públicas de seguridad; la mercantilización de la seguridad pública; la incapacidad que tiene el sistema de justicia penal de expedirse, en tiempo oportuno, sobre la culpabilidad o inocencia de un sospechoso y, el modelo de abordaje que usan los medios masivos de comunicación en el tratamiento del fenómeno criminal.
Los cincos departamentos fronterizos con Brasil: Alto Paraguay, Concepción, Amambay, Canindeju y Alto Paraná son los que tienen las tasas más altas de homicidios dolosos del país, con cifras similares a los países más inseguros del continente (El Salvador, Honduras, Guatemala, Brasil). La tasa promedio en estos departamentos es similar a la de Brasil, que es un poco más que el doble de la tasa nacional.
A su vez, Amambay que registra las cifras de homicidios más altas del país es uno de los departamentos más peligrosos del continente. A pesar de las políticas implementadas para brindar seguridad a la zona, como la instalación de una Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), estas tasas vienen incrementándose. Entre 2010 y 2015 subió 6,4 por ciento; y, entre 2013 y 2015, 21,1 por ciento.
En el sentido contrario los departamentos no fronterizos con Brasil mantienen índices de seguridad similares a los países más seguros de la región (Argentina, Uruguay y Chile). El Departamento más seguro, al menos en los últimos seis años, es Ñeembucú con cifras cercanas a los países europeos.
En lo referente al sistema penal la investigación destaca que a pesar de las reformas normativas del sistema penal, en los últimos 17 años, aún no se ha podido poner en vigencia en el país, la garantía del juicio previo. La prisión preventiva sigue siendo utilizada como pena anticipada. La justicia penal afecta de manera ordinaria a personas en situación de vulnerabilidad. Las reformas estructurales aplicadas para perseguir la criminalidad compleja y la cometida por personas con poder aún no han sido eficaces.
El uso exagerado de la prisión preventiva es lo que provoca el hacinamiento en las cárceles del país, ya que al 22 de noviembre de 2016 existían 3.643 lugares para prevenidos. Los condenados ocupan 3000 lugares de las 6.643 plazas penitenciarias existentes. El documento sostiene que el Poder Judicial y el Legislativo implementan una política criminal de mano dura para el control de la delincuencia que, conforme a los datos de esta investigación, no son eficaces para la disminución de la delincuencia en Asunción, ni en el Departamento Central, así como en otras regiones del país.
La investigación señala además que para obtener resultados positivos en el combate a la delincuencia se debe apostar a políticas de inclusión social, certeza jurídica, disminución de la impunidad y al control constitucional de la selectividad punitiva.

Descarga aquí el informe: Crimen, prisión e inseguridad

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