Defensora María Inés debe ser protegida por el Estado

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Asunción, 24 de noviembre de 2016. La defensora pública, María Inés Acosta, que cumple funciones en Horqueta, Departamento de Concepción, a unos 400 kms, al noroeste de Asunción, debe ser protegida en su vida y libertad; así mismo se le debe garantizar las condiciones para el ejercicio de su función pública, como abogada de oficio en la militarizada zona norte del país. La misma fue amenazada por un alto funcionario del Ministerio del Interior por denunciar hechos de tortura que sufrió una adolescente de 17 años por parte de miembros de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC). INECIP-Paraguay evalúa la posibilidad de solicitar una medida de protección internacional para Acosta, explicó Juan A. Martens, director ejecutivo.

 

María Inés Acosta denunció públicamente que fue amenazada por un alto funcionario del Ministerio del Interior por ejercer la defensa técnica de una adolescente de 17 años, quien relató que fue torturada por parte de integrantes de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), vestidos de civil, para que contara el paradero de un familiar, supuestamente miembro del grupo Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La Defensora recibió el mensaje “para que deje de apretar tanto”, por parte de las autoridades involucradas en la tortura de la menor. La adolescente había denunciado que los miembros de la FTC, vestidos de civil, introdujeron su cabeza en una bolsa de plástico y le derramaron agua. Luego le implantaron un arma de fuego y le dijeron que la matarían si no contaba dónde se encontraba su familiar, buscado como miembro del EPP.

“Yo sufrí obstrucción en el ejercicio de la defensa pública”, relató Acosta. El único hecho que se le comprobó a esta menor es que es familiar de un buscado. Los militares que la torturaron le dijeron que iría a la cárcel si no contaba dónde estaba su familiar. Lo que yo hice es defenderla, como me exige la ley. La misma está además en periodo de lactancia, ya que es madre de un niño de nueve meses.

En las causas abiertas a supuestos miembros del EPP, en Concepción y San Pedro, se violan de manera sistemática los derechos procesales de las personas procesadas. INECIP y otras organizaciones oficiales y no gubernamentales vienen documentando y denunciando estos hechos. Los fiscales imputan y acusan sin siquiera describir los hechos que habrían realizado las personas para merecer el procesamiento y los jueces y juezas condenan sin pruebas, explicó Juan A. Martens, director ejecutivo del INECIP-Paraguay.

Recientemente, Pablo Valiente fue condenado a 17 años de prisión sin que el Tribunal le haya dicho qué conducta punible realizó, ni cuándo lo hizo. Usó como pruebas preservativos, bolsitas de arroz y testimonios de policías que dijeron que “tenían información de fuente humana”. Nada más. Cecilia Acosta fue acusada por el fiscal Federico Delfino por los mismos hechos que Valiente, sin que tampoco se le diga qué, cómo, ni cuando realizó los hechos punibles que se le atribuye.

El estado paraguayo tiene la obligación de garantizar el ejercicio de la defensa de toda persona sometida a proceso, en cumplimiento de sus compromisos internacionales y de las disposiciones de la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal.

Juan A. Martens sostuvo también que están evaluando la posibilidad de pedir una medida de protección internacional para la Defensora Pública amenazada.

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