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10

junio

Inecip brindará asesoramiento jurídico a 300 familias del asentamiento Primero de Marzo

Asunción, 10 de junio de 2017 (Inecip-Paraguay). El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) a través de un convenio con la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) con el apoyo de la Agencia Sueca Diakonía asumirá la defensa jurídica de 300 familias del asentamiento Primero de Marzo, ubicado a 400 kilómetros al noroeste de Asunción, en el distrito de Ybyrarobana, departamento de Canindeyú.

Las familias campesinas ocupan desde hace cinco años unas tierras que fueron adjudicadas irregularmente por el entonces dictador Alfredo Stroessner a la familia Bendlin,  que de esta manera se apropió de 4.996 hectáreas a cambio de entregar un avión cuyo precio rondaba unos 300 dólares aproximadamente, según el relato de pobladores y especialistas recogidos por INECIP.

Esta siesta,  el Director Ejecutivo del INECIP, Juan Martens, y el abogado Diego Molinas así como la voluntaria Belén Cuevas y  el voluntario Hugo Rojas recabaron información jurídica y realizaron fotografías  aéreas para documentar las posesiones, los cultivos y las demás pertenencias de estas familias que se encuentran en este distrito.

“Por luchar por este pedazo de tierra, desde hace cinco años vienen siendo criminalizados en su lucha. Son víctimas de persecución y se les abre delitos penales  que van desde la asociación criminal, la invasión de inmueble ajeno  e incluso por tentativas de homicidio. Además existe una campaña mediática y política  que busca desprestigiar la lucha  de estas 300 familias”, destacó el Director del Ejecutivo del INECIP.

Varios de los expedientes contra los pobladores y las pobladoras del asentamiento Primero de Marzo están en  los Juzgados y Fiscalías de Curuguaty  y Saltos del Guaira.  Entre los problemas principales que afectan a las mujeres es que  no pueden consultar debido a las órdenes de capturas que pesan contra las mismas. Tampoco los niños son atendidos en los hospitales públicos ante este inconveniente.

“Una mujer tuvo problemas a la hora el parto porque no podía ir a un centro asistencial porque tenía orden de captura. Estas asesorías jurídicas permitirán regularizar la situación y que puedan otra vez usar los servicios públicos de salud y educación, los niños, las niñas y sus respectivas madres”, significó Martens.

 

- Inecip, ,

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